Contadores inteligentes, ¿también al servicio del monopolio eléctrico?

Los llamados contadores inteligentes de electricidad llegan a nuestras casas.  Ello debería servir para hacer una política energética basada no sólo en la oferta, sino también en la gestión de la demanda, tal como impone la Directiva europea 2009/72/CE de 13 de julio de 2009.

En España se ha regulado el cambio obligatorio de los contadores de electricidad de manera que las cinco eléctricas que siempre han trabajado en la distribución eléctrica puedan ahora intentar reservarse el monopolio de nuestros datos de consumo.

En el cambio de contadores, estamos descubriendo la existencia de intereses cruzados entre las empresas fabricantes de contadores y las de distribución eléctrica. Así, se están imponiendo restricciones por parte de una de las empresas distribuidoras, Endesa, para impedir instalar contadores que no sean de Enel, empresa pública italiana propietaria de Endesa. Por otra parte se consagra la falta de transparencia en la fijación de los precios de alquiler de los equipos. Y también se amenaza a la privacidad de los ciudadanos –y a su madurez- cuando no se fijan reglas claras para que el conocimiento de sus hábitos de consumo revierta en su propio beneficio y no en el de las empresas.

Pero lo que aquí queremos plantear es algo más: Las distribuidoras de electricidad mantienen un denominado “monopolio natural” sobre la red de distribución en base a una lógica de red única, que según parece justificaría no dispersar la titularidad de esa red en numerosos agentes.  Aceptando esa hipótesis, ¿qué tiene que ver la titularidad de la red de distribución con el conocimiento y gestión de nuestros datos de consumo?  ¿Cómo es posible que, con la excusa del monopolio sobre la red, se intente ir más allá y tener el monopolio de nuestros datos?  ¿Dónde está la justificación para ese privilegio?

Para realizar su función de distribuidoras, las empresas no precisan para nada nuestros datos de consumo.  Ellas sólo precisan la información que ha de servir de base a la facturación; es decir, cuánta electricidad hemos usado en un concreto período de tiempo, nada más.

La existencia de los datos que proporcionan los contadores aparece claramente como una nueva vía de negocio que genera unas expectativas económicas importantes, de las que los ya privilegiados quieren apropiarse.  Es el Estado quien tiene la obligación de poner fin a ese afán de lucro improcedente.

Debemos ponernos en marcha, pues, para reconducir este nuevo intento de atropello.  En la práctica se está produciendo una improcedente extensión del régimen de monopolio al conocimiento y gestión de los datos de consumo eléctrico de los consumidores, sin ninguna justificación y limitando sus derechos.

El debate no es menor.  El contador inteligente sería un instrumento clave para un nuevo modelo energético basado en la generación distribuida y democrática. Pero si permitimos que se instalen como se está haciendo, van a suponer una vía más para consolidar el monopolio, y para que nuestra política energética se base en el negocio de unos pocos y no en el interés general de la mayoría. El debate que se abra en los próximos meses va a ser clave, y más teniendo en cuenta la repetición de elecciones. Se abre la oportunidad de exigir que la información que proporcionen los contadores inteligentes sea de los ciudadanos, y se ponga al servicio del interés general.

La inteligencia de los contadores, al servicio del interés general o al servicio de la consolidación del monopolio eléctrico. Esta es la cuestión.