La presente nota informativa tiene como objetivo comentar las novedades que os pasamos a relacionar, todas en materia de vivienda:<\/p>\n
Seguidamente pasamos a comentar el contenido de ambas novedades:<\/p>\n
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Esta sentencia se ha dictado por parte del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) a ra\u00edz del recurso de inconstitucionalidad que promovi\u00f3 el Gobierno de la Junta de Andaluc\u00eda. El recurso pretend\u00eda que se declararan como inconstitucionales una serie de preceptos de la Ley 12\/2023: 3,f), g) y k); 8,a) y c); 9,e); 11,1,e); 15,1,e); 16; 18 apartados 2, 3 y 4; 19, apartado 1 inciso segundo y apartado 3; 27 apartado 1, p\u00e1rrafo tercero y apartado 3; 28; 29; 32; 33; 34; 35 y 36; disposici\u00f3n adicional tercera; disposici\u00f3n transitoria primera; disposici\u00f3n final primera apartados uno, tres y seis; y disposici\u00f3n final cuarta.<\/p>\n
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La sentencia establece la plena constitucionalidad de la pr\u00e1ctica totalidad de los preceptos objeto del recurso.<\/p>\n
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La motivaci\u00f3n que hab\u00eda fundamentado la impugnaci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda part\u00eda de argumentaciones de tipo competencial, al entender que el Estado no puede legislar en materia de vivienda con la especificidad y detalle que -seg\u00fan entend\u00eda la parte recurrente- de las previsiones de los art\u00edculos recurridos.<\/p>\n
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Como respuesta, el TC -Fundamento Jur\u00eddico Primero de la sentencia- examina la doctrina constitucional sobre la vivienda, y la interacci\u00f3n de las competencias estatales y auton\u00f3micas sobre la materia. En este examen, que parte de las diferentes sentencias dictadas hasta la fecha, el TC recuerda que el hecho de que algunas Comunidades Aut\u00f3nomas hayan asumido la competencia exclusiva en materia de vivienda no impide al Estado regular las condiciones b\u00e1sicas del ejercicio de los derechos, a trav\u00e9s del establecimiento de un cuadro esencial de derechos y deberes que permitan garantizar la \u00abigualdad entre todos los espa\u00f1oles\u00bb. As\u00ed, las condiciones que puedan establecerse en la regulaci\u00f3n estatal se considerar\u00e1n como b\u00e1sicas en la medida que tengan como finalidad garantizar la igualdad entre los espa\u00f1oles, sin que puedan suponer una regulaci\u00f3n completa.<\/p>\n
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Posteriormente, el TC examina la constitucionalidad de las previsiones de la Ley 12\/2023 en relaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n del Estatuto B\u00e1sico del ciudadano (en relaci\u00f3n a la vivienda), la declaraci\u00f3n de zona de mercado residencial tensionado, el Estatuto B\u00e1sico del propietario de viviendas y del gran tenedor, la regulaci\u00f3n de la vivienda protegida, la de los parques p\u00fablicos de vivienda, y las modificaciones relativas al r\u00e9gimen jur\u00eddico de la Ley de Arrendamientos Urbanos.<\/p>\n
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Para llevar a cabo su an\u00e1lisis, el TC recuerda que el Estado dispone de t\u00edtulos competenciales que lo habilitan a dictar las previsiones de la Ley 12\/2023, a partir de su competencia exclusiva. Estos t\u00edtulos son:<\/p>\n
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La cuesti\u00f3n nuclear que analiza la sentencia es el alcance de las competencias estatales y su relaci\u00f3n con el hecho de que la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda -y otras Comunidades aut\u00f3nomas, como Catalu\u00f1a- tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda, asumida siguiendo las previsiones del art\u00edculo 148,1,3, de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 56 del Estatuto de Autonom\u00eda de Andaluc\u00eda).<\/p>\n
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La Sentencia s\u00f3lo declara inconstitucionales y anula los art\u00edculos 16 (que establec\u00eda un r\u00e9gimen jur\u00eddico m\u00ednimo estatal para las viviendas de protecci\u00f3n oficial); parte del 19,31 (en relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n que pod\u00edan exigir las administraciones p\u00fablicas a los grandes tenedores de viviendas en las zonas de mercado residencial tenso o tensado); el tercer p\u00e1rrafo del art\u00edculo 27,1 (que conten\u00eda una enumeraci\u00f3n de las tipolog\u00edas de viviendas que pueden integrarse en los parques p\u00fablicos de vivienda); el art\u00edculo 27,3 (que preve\u00eda el destino de determinadas tipolog\u00edas de ingresos en los parques p\u00fablicos de vivienda) y la Disposici\u00f3n Transitoria Primera de la Ley (que establece previsiones espec\u00edficas para las viviendas de protecci\u00f3n oficial y para los parques p\u00fablicos de vivienda).<\/p>\n
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Las anteriores previsiones se declaran inconstitucionales al considerar que el Estado ha incurrido en un exceso de regulaci\u00f3n en estos aspectos, bien por incurrir en una regulaci\u00f3n que es competencia auton\u00f3mica sin que sea necesario garantizar las bases de la coordinaci\u00f3n econ\u00f3mica (como sucede en relaci\u00f3n a los art\u00edculos 16, 27,3 y la disposici\u00f3n transitoria primera), o bien por exceso de detalle en la regulaci\u00f3n de determinados aspectos (como sucede en relaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n que da. lugar a la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 19,3 y 27,1). De esta forma, deben ser las Comunidades aut\u00f3nomas las que legislen sobre las cuestiones mencionadas.<\/p>\n
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Al mismo tiempo, la desestimaci\u00f3n del recurso en relaci\u00f3n con el resto de preceptos se fundamenta en el argumento de que se trata de preceptos dictados en ejercicio de las competencias estatales se\u00f1aladas y que tienen el car\u00e1cter de previsiones b\u00e1sicas. As\u00ed pues, todo el resto de la Ley es considerada constitucional.<\/p>\n
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El an\u00e1lisis del TC nos lleva a tomar conciencia de la importancia de que las Comunidades aut\u00f3nomas legislen en materia de vivienda. No es un \u00e1mbito en el que hayan intervenido tradicionalmente, pero m\u00e1s que nunca la realidad obliga a adaptarse a los nuevos tiempos y entender que es necesaria una pol\u00edtica p\u00fablica de vivienda el m\u00e1ximo de conectada a las necesidades de la poblaci\u00f3n. Esta es pues una cuesti\u00f3n auton\u00f3mica ineludible en la actualidad.<\/p>\n
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El d\u00eda 7 de octubre de 2024 se public\u00f3 el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 27 de septiembre, a trav\u00e9s del cual se acord\u00f3 la aprobaci\u00f3n inicial y la apertura del tr\u00e1mite de informaci\u00f3n p\u00fablica del acuerdo de pr\u00f3rroga de la declaraci\u00f3n de tanteo y retracto de la ciudad de Barcelona, prevista en el art\u00edculo 4 de la normativa urban\u00edstica.<\/p>\n
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Este acuerdo, que se tramita como una modificaci\u00f3n puntual del Plan General Metropolitano, ha sido adoptado al amparo de los art\u00edculos 15 y 37 de la Ley 18\/2007 y supondr\u00e1 una pr\u00f3rroga (en caso de aprobarse definitivamente y una vez publicado) de la declaraci\u00f3n de tanteo y retracto en relaci\u00f3n a las viviendas que se transmitan en la ciudad de Barcelona, por el plazo de 6 a\u00f1os.<\/p>\n
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El acuerdo se fundamenta en la necesidad de ampliar el parque de vivienda p\u00fablica en la ciudad, considerando el tanteo y retracto una herramienta de gran utilidad en los \u00faltimos a\u00f1os, y por este motivo se acuerda prolongar sus efectos. Se echa en falta la inclusi\u00f3n de datos concretos sobre cu\u00e1l ha sido el alcance de la puesta en marcha de la herramienta, que permita un general conocimiento sobre su utilidad.<\/p>\n
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Las viviendas que podr\u00e1n ser objeto de tanteo y retracto como consecuencia de esta medida \u00fanicamente ser\u00e1n:<\/p>\n
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Cabe recordar que permanecen vigentes las previsiones del art\u00edculo 2 del Decreto Ley 1\/2015, que establece la sujeci\u00f3n a los derechos de tanteo y retracto las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria o mediante compensaci\u00f3n o pago de deuda con garant\u00eda hipotecaria, si han sido adquiridas tras la entrada en vigor de la Ley 18\/2007 (es decir, despu\u00e9s del 9 de abril de 2008). Este derecho de tanteo puede ejercerse por parte de la Generalitat o de los municipios en los que est\u00e1 ubicada la vivienda, siguiendo el procedimiento regulado en el citado art\u00edculo 2 del Decreto Ley 1\/2015 y los art\u00edculos 87 al 91 y 134 al 136 de la Ley 18\/2007.<\/p>\n
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Quedamos a vuestra disposici\u00f3n para aclarar o ampliar el contenido de esta nota y les recordamos que nuestros datos de contacto son: dcn@clavellcanalsconstulting.com<\/a> y acc@clavellcanalsconsulting.com<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La presente nota informativa tiene como objetivo comentar las novedades que os pasamos a relacionar, todas en materia de vivienda: Sentencia n\u00famero 79\/2024 del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2024, sobre la Ley 12\/2023. Esta sentencia se public\u00f3 el 24 de junio, y su relevancia radica en que es la primera sentencia que […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":1331,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1334","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actividades"],"acf":[],"yoast_head":"\n